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lunes, 30 de agosto de 2010 |
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DDHH recurre a la ONU ante acoso
By amalia.espejo @ 12:39 p.m. :: 341 Views ::  :: Nacionales, CINU, OHCHR
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(LOS TIEMPOS).-La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera, denunció ayer los intentos de acallar a los defensores de los derechos humanos y anunció que hoy presentará una carta ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el país, denunciando la arremetida que sufren como institución, por las investigaciones que realizaron de los sucesos violentos ocurridos en Caranavi en mayo pasado.
Herrera, asimismo, informó que pedirá reunirse con la titular del Ministerio de Justicia y el comandante General de la Policía, Óscar Nina, para aclarar la actividad y la misión que cumple la Asamblea, y rechazar la injerencia de personas afines al Gobierno en la organización defensora de los derechos humanos.
La pasada semana, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz eligió una directiva que no ha sido reconocida por el Comité Nacional de la organización, debido a que el congreso fue instalado arbitrariamente por un grupo afín al Gobierno en su intento de dejar fuera a los actuales directivos, afirmó Herrera.
“Tenemos información de que militantes de base han sufrido allanamiento de oficinas por una denuncia anónima de supuestos delitos que habrían cometido. No queremos creer que se pretende presionar y cerrar la voz de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos en el país de esta manera”, señaló Herrera en alusión a Jorge Quiroz y Claudia Lecoña, activistas de derechos humanos.
En cumplimiento de una orden judicial, el viernes pasado, un fiscal y policías allanaron la oficina de ambos activistas, también abogados de los familiares de los dos estudiantes que murieron en Caranavi, presuntamente buscando droga, pero no encontraron nada.
El comandante general de la Policía, Oscar Nina, un día antes, denunció que Quiroz es un ex policía peruano que tiene una orden de captura en su país por delitos de narcotráfico y manifestó que personas con estos antecedentes estaban detrás del informe sobre Caranavi.
Al respecto, Herrera ratificó el contenido del informe de la Apdhb presentado la semana pasada a la Asamblea Legislativa. Dijo que la investigación testimonial, recoge de versión de las víctimas, tanto comunarios como policías, y concluye que hubo violaciones a los derechos humanos y un excesivo uso de la fuerza pública en el desbloqueo y represión a los pobladores de Caranavi.
Anotó que este informe y la vida de Quiroz son dos temas completamente diferentes que no deben ser confundidos, pues uno no tiene que ver con lo otro, y lo que está pasando con Quiroz, las acusaciones y el allanamiento a su oficina, son un atentado a la libertad de acción y discriminación por razón de nacionalidad, se busca intimidarlo por haber afectado los intereses de los miembros del Gobierno.
El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Wilfredo Chávez, desmintió ayer una presunta persecución del Ejecutivo en contra del abogado Jorge Quiroz, quien anunció ayer a la red Erbol, que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la persecución que está sufriendo de parte del Gobierno.
"Quiroz ha empezado a hacerse la víctima de una supuesta persecución, pero la única entidad que persigue a ese señor es la justicia del Perú por el delito de narcotráfico", dijo Chávez en el programa de radio y televisión El Pueblo es Noticia.
Quiroz por su parte, manifestó que en estos momentos no hay Tribunal Constitucional en el país u otra instancia jurisdiccional que pueda conocer y pronunciarse sobre su situación. “Presentamos una acción de libertad, pero que el viernes fue rechazada, por lo que ahora procede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó el abogado.
“El operativo que se realizó (intervención a oficinas de Quiroz) fue con una orden judicial de por medio y es lícita la intervención para obtener los elementos de prueba de los hechos”, argumentó, por su parte el viceministro Chávez.
En este orden, desacreditó los informes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y del Defensor del Pueblo, al destacar que los mismos adolecen de objetividad por no ser evacuados con todos los elementos del hecho.
El ex defensor del Pueblo y también ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Waldo Albarracín, demandó ayer al gobierno garantizar el trabajo de la Defensoría del Pueblo y las instituciones que defienden los derechos Humanos. Recordó que éstas no "han sido creadas para congraciarse con los políticos".
"La tarea natural en cualquier lugar del mundo de los organismos de defensa de los derechos humanos estatales o de la sociedad civil es justamente salir en defensa de los derechos que sean conculcados. Más aún en un régimen constitucional el Estado debe garantizar trabajo de las instituciones de derechos humanos", remarcó.
Explicó que la labor que cumple la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) o la Defensoría es siempre una actividad difícil y compleja, que genera reacciones negativas de quienes son interpelados por la violación de derechos.
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