ONU Mujeres – Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres

ONU Mujeres es la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Fue creada en julio de 2010 por los estados miembros ONU, un paso histórico para acelerar los objetivos de igualdad, empoderamiento y ejercicio pleno de derechos de las mujeres en el mundo.

ONU Mujeres en Bolivia

ONU Mujeres tiene presencia en Bolivia desde el año 2005, inicialmente bajo el programa de UNIFEM Región Andina y desde el año 2011 como Oficina País de ONU Mujeres trabajando en tres mandatos:

  • Normativo, brindando asistencia técnica y apoyo en la aplicación de marcos legales y políticas a los 4 Órganos del Estado (ejecutivo, legislativo, judicial y electoral), gobiernos departamentales y gobiernos municipales.
  • Programático, enmarcado en los proyectos y programas de la oficina país en las áreas estratégicas de Gobernabilidad y Participación Política, Empoderamiento Económico y Violencia contra las Mujeres.
  • Coordinación y alianzas estratégicas, cooperando al desarrollo de capacidades de los actores gubernamentales, de la sociedad civil, el sector privado, la academia y del Sistema de las Naciones Unidas como garantes de los derechos de las mujeres.

 

NORMATIVA INTERNACIONAL

ONU Mujeres trabaja para lograr la incorporación de la igualdad de género de forma transversal en la agenda nacional de desarrollo. Con este objetivo, se coordina con el Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y con todas las instancias relativas a los compromisos intergubernamentales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia y Foros Internacionales tales como la Plataforma de Acción de Beijing y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW), promoviendo que Bolivia participe, implemente las recomendaciones y reporte sobre los avances en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.

En ese sentido, ONU Mujeres apoya al Estado a implementar las recomendaciones de las instancias intergubernamentales y a reportar periódicamente sobre los avances en los derechos de las mujeres. En 2015, los informes 5to y 6to del Estado Plurinacional de Bolivia fueron considerados por el Comité de la CEDAW que elevó una serie de recomendaciones, entre las cuales, invitó al Estado a presentar un informe intermedio relativo a los avances en prevención de la violencia en razón de género y a los avances relativos a salud sexual y reproductiva. ONU Mujeres desarrolló, junto con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), iniciativas de socialización de la CEDAW y para la implementación de las recomendaciones, así como la preparación del informe intermedio. En la actualidad, la oficina está apoyando al VIO en la preparación del 7mo informe, cuyo plazo se cumple a mediados de 2019.

En 2020 se cumplen 25 años de la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing y de la Plataforma de Acción de Beijing. Actualmente se desarrolla a nivel regional, en coordinación con la CEPAL, un proceso de preparación de revisiones nacionales de los avances en el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing para la elaboración de un informe regional Beijing+25 y desde la Oficina de Bolivia se acompañará tanto al Estado como a la sociedad civil en dicho proceso.

Este será el tema que congregará a los Estados Miembros de NNUU en torno a la 64ava Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). En los últimos 5 años, Bolivia ha tenido una participación destacada en la CSW con la participación de delegaciones de alto nivel, conformadas por autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo, así como por líderes de organizaciones sociales. En 2019, la delegación oficial contó con la participación de la presidenta del Senado, Sra. Adriana Salvatierra, la mujer más joven en ocupar este cargo en Bolivia[1], quien representó al país en el “Diálogo de Alto Nivel Intergeneracional” junto con la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, la Sra.Phumzile Mlambo-Ngcuka.

En 2018, en coordinación con la Asamblea Legislativa Plurinacional y en seguimiento a las conclusiones acordadas en la CSW62 y en cumplimiento del mandato de localización de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo 5 de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres apoyó al Estado en la construcción de la Agenda de Despatriarcalización para Vivir Bien, a través de asistencia técnica y financiera, que permitió recoger las propuestas a nivel nacional y departamental y plasmarlas en un documento final. Esta Agenda se construyó en nueve encuentros departamentales que aglutinaron a más de 20,000 mujeres de los nueve departamentos de Bolivia, quienes elaboraron más de 200 propuestas que buscan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. La Agenda responde a siete ejes: derechos políticos, económicos, sociales, culturales e identidad, justicia y erradicación de la violencia, información y comunicación, y derechos de las mujeres jóvenes.

De cara a la implementación de la Agenda de Despatriarcalización, en enero de 2019, el poder ejecutivo emitió un Decreto Supremo creando el Gabinete Especial de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer y la Niñez, compuesto por autoridades de diez ministerios y presidido por la principal autoridad del Estado, el presidente Evo Morales, y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, que ha iniciado su funcionamiento el 8 de marzo de 2019 a través de la designación de su Directora Ejecutiva, la Sra. Tania Sánchez. Como prioridades de la presente gestión se han establecido trabajar en políticas de cierre de brechas salariales entre hombres y mujeres, en la prevención del embarazo adolescente y la erradicación de la violencia en razón de género.

 

GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Durante los últimos años, Bolivia ha progresado significativamente en el ámbito de los derechos políticos de las mujeres y ha dado respuesta a los compromisos internacionales adquiridos, incluyendo avances hacia la profundización del concepto de democracia paritaria, que implica impulsar mecanismos de poder  y de decisión en la institucionalidad pública, con el compromiso de pensar y dialogar sobre el diseño y ejecución de políticas que efectivicen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Este avance ha sido posible gracias a la fuerte movilización de organizaciones de mujeres en plataformas y redes para la incidencia y seguimiento a la implementación de leyes rectoras que fueron aprobadas durante los últimos años entre ellas, la nueva Constitución Política del Estado y leyes orgánicas como la Ley de Régimen Electoral Transitorio, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Tribunal Constitucional, la Ley del Órgano Electoral y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Bolivia ha avanzado de manera sustantiva en los últimos 10 años en el diseño y aprobación de leyes vinculadas a los derechos de las mujeres, por ejemplo: Ley de las Trabajadoras del Hogar, Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Ley de Deslinde Jurisdiccional, Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres y su Decreto Reglamentario, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas y el Código de las Familias. No obstante, las recomendaciones del Comité CEDAW recomienda que las leyes en favor a los derechos de las mujeres se implementen con recursos, capacidad técnica y coordinación interinstitucional adecuada.

Este avance normativo permitió que Bolivia se constituya en el tercer país del mundo, después de Ruanda y Cuba, en participación política de las mujeres con el 51% en la Cámara de Diputados, 44% en la Cámara de Senadores, y 51% de participación de las mujeres dentro de los Concejos Municipales del país. Ahora, el reto es avanzar en la misma línea dentro del ámbito ejecutivo, toda vez que de los 339 municipios del país sólo el 8% está presidido por mujeres, de 19 Ministerios solo 4 tienen representación femenina, y no hay en el cargo ninguna gobernadora.

Bajo este contexto ONU Mujeres en Bolivia, gracias a la Cooperación de la Embajada de Suecia, desarrolló durante el 2016 y 2017 el Programa para la “Implementación del marco normativo y generación de políticas públicas con enfoque de género y derechos de las mujeres para la despatriarcalización”, que permitió establecer alianzas estratégicas con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la incorporación de la dimensión de género en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) así como el diseño y el funcionamiento del Observatorio de Paridad Democrática, instrumento de vigilancia para garantizar los derechos políticos de las mujeres y la paridad democrática. Para ello, se aprobó el “Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncias y Denuncias por Acoso y Violencia Política de mujeres candidatas, electas o en función político-pública”, instrumento que está siendo implementado por los Tribunales Departamentales Electorales como mecanismo para investigar los casos de violencia y acoso político hacia las mujeres. Es importante destacar que Bolivia es el único país del mundo con una Ley contra el Acoso y la Violencia Política (Ley 243).

En 2018, bajo el acuerdo entre ONU Mujeres, el TSE, la Coordinadora de la Mujer y organizaciones sociales de mujeres, se incidió en la construcción de propuestas que fueron incluidas en la Ley de Organizaciones Políticas, que fue promulgada el 31 de agosto por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Esta norma ha logrado incorporar un régimen de despatriarcalizacion y, por primera vez en la historia del país, cada partido y grupo de ciudadanos/as aplicará mecanismos para garantizar el ejercicio de la paridad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de sus partidos y grupos. Además, esta normativa obliga a los partidos políticos a actuar contra el acoso y la violencia política.

En esta misma área, se brindó asistencia técnica a la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) para el diseño de marcos normativos, construcción de herramientas e implementación de políticas orientadas a la justicia fiscal en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y la nueva metodología del Sistema de Planificación Integral y el Pacto Fiscal para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. También se apoya la incorporación del enfoque de género en los Planes de Desarrollo Territorial (PTDIs), que son elaborados a nivel de las gobernaciones y gobiernos autónomos municipales del país. Este proceso constituye una oportunidad para la generación de mecanismos, propuestas y políticas de igualdad de género desde todos los niveles.

Para el 2019, con el apoyo del Fondo para las Mujeres en la Política (WIPF) de ONU Mujeres global, se continuará fortaleciendo las capacidades para el ejercicio de los derechos políticos de mujeres en espacios de decisión política y con el fin de promover nuevos liderazgos de mujeres, en especial de mujeres jóvenes, indígenas y afrodescendientes para que puedan ser candidatas para las elecciones generales de octubre 2019 y las elecciones subnacionales de 2020. Junto al OEP, las organizaciones políticas y las organizaciones de las mujeres se trabajará para que se cumpla el principio de paridad y las acciones contra el acoso y la violencia política en el marco de la nueva Ley de Organizaciones Políticas.

A finales de 2018 se estableció una alianza importante entre ONU Mujeres, IDEA Internacional y PNUD, quienes han firmado un acuerdo de compromiso para impulsar la incorporación de Bolivia en el proyecto ATENEA, mecanismo que busca incrementar la participación política de las mujeres en América Latina a través de reformas legislativas que les permitan ocupar cargos de liderazgo político para representar e influir en el desarrollo de sus sociedades. Una de las principales acciones que se realiza es la medición del “Índice de Paridad Política”, todo ello a través de un instrumento que permite medir el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres en un país determinado y a un nivel comparativo regional. El proyecto consta de 4 fases, las 3 primeras se ejecutarán en 2019 y la cuarta fase se realizará después de las elecciones subnacionales de 2020.

 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES

En Bolivia los derechos económicos no han alcanzado un progreso relevante y aún el rol económico y productivo de las mujeres se encuentra altamente invisibilizado y subvalorado. A ello se suma la ausencia de estadísticas de género y la escasa disponibilidad de datos oficiales que reflejen la situación de las mujeres en la economía, especialmente en áreas rurales, lo que contribuye a esa falta de reconocimiento al aporte de las mujeres en la economía del país.

La inserción de la mujer boliviana en la economía está marcada por un alto nivel de vulnerabilidad e informalidad y una importante concentración en sectores de baja productividad. Si bien la participación laboral de la mujer boliviana es la más alta de la región (62%)[2], frente al 51% que se registra en América Latina y el Caribe, 7 de cada 10 mujeres bolivianas generan ingresos en ocupaciones informales.

Las relaciones de género y los roles históricamente asociados a hombres y mujeres también impactan en el ámbito productivo, donde los problemas descritos están estrechamente vinculados con la problemática de la dimensión “privada” del trabajo: el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado no remunerados. Estas tareas, no valoradas ni social ni económicamente, recaen fundamentalmente sobre las mujeres y las niñas, particularmente sobre las más pobres, sumiéndolas en un círculo vicioso de informalidad, precariedad laboral y postergación de otros derechos. En promedio, las mujeres dedican 4 veces más tiempo a los quehaceres de la casa que los hombres y, además, pasan casi 38 horas semanales en actividades en el mercado laboral, frente a 47 horas de los hombres.

En 2015, ONU Mujeres colaboró con el Programa Nacional Accesos “De Inclusión Económica para Familias y Comunidades Rurales” -ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y financiado por el FIDA- en la formulación de una estrategia de género y de cuatro planes de acción de género para incorporar la perspectiva en las acciones y resultados del Programa que beneficiar a más de 30,000 familias y mujeres.

Entre 2015 y 2016, ONU Mujeres apoyó al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) en la incorporación de género en su política sectorial y en su estructura organizativa a través de la formación y sensibilización de cuadros de funcionarios y funcionarias que pudieran transversalizar la perspectiva en las diferentes instancias del Ministerio y de sus unidades desconcentradas. En el marco de esta colaboración, se formuló y presentó el Modelo de Gestión Empresarial Inclusivo del Enfoque de Género para empresas públicas que fue formulado en base de un diagnóstico de género desarrollado en cuatro empresas públicas y de los Principios para el Empoderamiento de la Mujer (WEPs). El modelo comprende seis componentes de trabajo para hacer de las empresas lugares de trabajo inclusivos. De forma piloto, el modelo fue implementado inicialmente en la planta de la empresa pública Empresa Bolivia de Alimentos (EBA) en El Alto, en su componente de conciliación entre la vida laboral y familiar con la instalación de guarderías, salas de amamantamiento y cambiadores en baños de hombres y mujeres.

En 2017, con recursos de la CAF, ONU Mujeres ejecutó el proyecto “Empoderamiento Económico de las Mujeres Emprendedoras del Valle de los Cintis”, que permitió que 67 mujeres de los municipios de Carreras, Villa Abecia y Camargo tuvieran la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades económicas para consolidar sus emprendimientos productivos con mayor acceso a mercados a través de la innovación en su producción, el desarrollo de planes de negocio y el fortalecimiento de sus capacidades de gestión empresarial. Esta iniciativa ha permitido la construcción de alianzas con organizaciones que trabajan en temas de desarrollo territorial, como Swisscontact, RIMISP y los municipios de la región.

Asimismo, con el apoyo financiero de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo, desde mayo de 2018 ONU Mujeres ejecuta junto con Pro Bolivia (unidad desconcentrada del MDPyEP) el proyecto “Mejoramiento de la calidad de vida y empoderamiento de las mujeres del Norte Amazónico” que beneficiará directamente a un total de 350 mujeres que mejorarán sus iniciativas productivas y, al menos, 12 emprendimientos productivos liderados por mujeres mejorarán sus capacidades productivas, recibirán activos productivos que les permitan dar un salto tecnológico en sus medios de producción y fortalecerán el conocimiento sobre sus derechos para garantizar su exigibilidad. El proyecto se implementa en cuatro municipios de la Amazonía boliviana seleccionados por el donante: Riberalta, en Beni, y Puerto Gonzalo Moreno, El Sena y Filadelfia, en Pando. El proyecto es implementado en terreno junto a los gobiernos municipales, organizaciones de mujeres y organizaciones indígenas. Esta iniciativa además implementa el Modelo de Gestión Empresarial inclusivo del enfoque de género en la planta de la Empresa Boliviana de Alimentos. Como parte de la implementación del componente de Conciliación, se implementa el centro infantil municipal de El Sena con involucramiento del gobierno municipal.

Finalmente, como parte de las actividades del Pacto Global en Bolivia, con apoyo de la Confederación de Empresarios Privados, durante el 2018 se conformaron 5 mesas de trabajo para avanzar, desde el sector privado, hacia el cumplimiento de los ODS. ONU Mujeres, junto con el Banco FIE, liderizan la mesa 2 de género, salud y educación, en la que se ha priorizado para este año el tratamiento de los temas de igualdad de género al interior de las empresas. En ese contexto, ONU Mujeres ha difundido y promovido los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres[3] (WEPs) que fueron planteados conjuntamente entre el Pacto Global de las Naciones Unidas y ONU Mujeres en 2012 mediante un proceso consultivo multilateral para apoyar a que las mujeres participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de las actividades empresariales. Estos principios ofrecen una óptica de género que permite a las empresas, basándose en prácticas empresariales de la vida real, modificar sus actuales políticas y programas para alcanzar el empoderamiento de las mujeres. El sector privado ha mostrado un marcado interés en aplicar estos principios, prueba de ello es que la línea aérea Amazsonas durante el primer trimestre del 2019 lanzó la campaña «Comprometidos con la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres” iniciativa que pretende coadyuvar al cumplimento de los WEPs.

 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de derechos humanos extendida, arraigada, tolerada en el mundo y un obstáculo para el desarrollo. Es tanto causa como consecuencia de una desigualdad estructural entre hombres y mujeres y de la discriminación por razón de género.

En Bolivia, la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia (2016) revela que 7,5 de cada 10 mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia psicológica, económica, física o sexual en algún momento de su vida. Uno de los departamentos con el mayor índice de violencia (86,4%) es La Paz que alberga a la ciudad de El Alto[4], en este departamento, el 66% de las mujeres afirma haber sufrido violencia sexual.

En Bolivia, un fenómeno que perpetúa la violencia es la naturalización de esta ya que valida la impunidad no sólo legal e institucional[5], sino también social. Así los resultados de la encuesta nos muestran que 3 de cada 10 mujeres justifican la violencia y que la falta en la de toma de decisiones tiene niveles alarmantes: solamente 6 de cada diez decide cuándo comprarse cosas y el 7,5% decide cuándo tener relaciones sexuales[6]. Mujeres y niñas experimentan y tienen miedo a sufrir diferentes formas de violencia en el espacio público, estas violencias van desde el acoso sexual, violación y feminicidio. Estos miedos reducen su libertad de movimiento en las calles. Según la Fiscalía General del Estado cada dos días y medio hay un feminicidio en el país.

Desde la aprobación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), de 9 de marzo de 2013, hasta marzo del 2018[7] las denuncias de violencia se han incrementado en un 31%, siendo la violencia intrafamiliar el delito más denunciado en el país (83%). A pesar de ser el delito más denunciado, desde la promulgación de la normativa hasta el momento solamente el 1,13% de los casos han tenido sentencia condenatoria.

Estos datos revelan que existen problemas estructurales de orden financiero (baja asignación y ejecución presupuestaria), institucional (falta de infraestructura, equipamiento, de recursos humanos) y cultural (mentalidad patriarcal de operadores públicos). Bajo este contexto, el programa de erradicación de violencia de ONU Mujeres está trabajando de manera articulada con el Ministerio de Justicia y la Dirección de Lucha contra la Violencia por razón de Género y Generacional del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Órgano Judicial y Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) para fortalecer las acciones de los actores de la cadena de atención a mujeres afectadas por violencia, de la misma manera que se trabaja con el Comité de Género del Órgano Judicial para implementar la política de género y facilitar así el acceso de las mujeres al sistema de justicia.

Estas acciones están en el marco del proyecto “Vida sin Violencia”, ejecutado por ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia (COSUDE), que tiene como resultado brindar asistencia técnica para la aprobación de políticas públicas, planes y protocolos que coadyuvan a la implementación de la Ley 348, entre ellas, el Consejo Sectorial e Intersectorial “Por una Vida Libre de Violencia”, el Plan Multisectorial para el avance en la despatriarcalización y el derecho de las mujeres a vivir bien, la creación de la Comisión Interinstitucional, y la aprobación de la Política pública integral para una vida digna de las mujeres bolivianas. Igualmente, durante el primer trimestre del 2019, se aprobó el Decreto Supremo (3774) para la implementación del Sistema Integrado de Registro y Alerta Inmediata “Adela Zamudio”, sistema que permitirá mejorar los niveles de prevención y atención a las víctimas de violencia. Otro de los resultados es la generación de evidencia y datos que permitan avanzar de forma clara en el cumplimiento de la Ley 348, para ello se elaboró junto a la Defensoría del Pueblo el Informe “Estado de Cumplimiento de las medidas de Atención y Protección a Mujeres en Situación de Violencia”, documento que evidencia que, a pesar de los avances institucionales alcanzados, éstos aún no son suficientes para revertir la situación de violencia que enfrentan las mujeres y que los obstáculos en los servicios de atención y protección son permanentes. En ese sentido, con la Defensoría del Pueblo se está creando un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Informe Defensorial para coadyuvar a la implementación de las mismas.

En lo referente a la violencia por razón de género en el espacio público se está trabajando, en articulación con ONU Hábitat y otras agencias del SNU, en el diseño e implementación de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, donde se ha elaborado una propuesta para que desde ONU Mujeres se trabaje en la transversalización y focalización de género tanto en el diseño de la política como en la implementación de proyectos. Por otro lado, con la sede de ONU Mujeres se está diseñando un proyecto sobre “Ciudades Seguras” que se implementará con el Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, uno de cuyos ejes será infraestructura focalizada en el transporte público.

 

COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PREVENCION

El área de comunicación y abogacía tiene como objetivo coadyuvar a la implementación y ejecución de los proyectos y programas de ONU Mujeres en Bolivia y posicionar el mandato de la institución a través de iniciativas de comunicación con el Estado, los medios de comunicación, la sociedad civil y aliados estratégicos para dar cumplimento a la Nota Estratégica.

Posicionar el mandato del ONU Mujeres y difundir las acciones desarrolladas y resultados logrados a través de la Memoria Institucional, los Boletines trimestrales, la actualización diaria de las redes sociales, la producción de material de difusión, y el relacionamiento con los medios de comunicación es parte del trabajo de esta áreas, así como el apoyo en el desarrollo de las campañas de prevención y sensibilización en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia hacia las mujeres.

La Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres permitió desarrollar acciones de movilización ciudadana y alianzas estratégicas en el marco de esta iniciativa interagencial. En 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a la Oficina del Coordinador Residente (OCR), ONU Mujeres, UNICEF y UNFPA para articular acciones en el marco del Día Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Violencia Contra las Mujeres, 25 de noviembre, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde esta instancia se articuló a 15 agencias del SNU, a la Empresa Mi Teleférico y al Cuerpo Diplomático acreditado en el país, logrando desplegar la campaña de comunicación “Pintemos Bolivia de Naranja” a través de post, infografías, videos y mensajes de prevención, sensibilización e información en las redes sociales. Como resultado de esta iniciativa se logró involucrar a más de 11,277 personas que compartieron información e interactuaron durante la campaña.

En el marco de la Campaña, para 2019 se tiene planificado desarrollar intervenciones departamentales de prevención en los nueve departamentos del país y trabajar en alianza con las Gobernaciones, la policía boliviana, los operadores de justicia y la población en el marco de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas.

También en el marco del grupo de resultados del SNU, desde ONU Mujeres se ha liderado y articulado la campaña #16Días16Formas, campaña que visibiliza las 16 formas de violencia reconocidas por la Ley 348 y brinda información para denunciar las mismas.

Por último, la Campaña HeForShe permitió el desarrollo de innumerables acciones desde el 2016. En 2018, Bolivia se constituyó por primera vez en sede de la Semana del Arte (Arts Week) de HeForShe, espacio en el que se realizaron 36 actividades culturales y artísticas y se logró involucrar a más de 100 mil personas, a través de las redes sociales, Facebook y como participantes en todos los eventos desarrollados del 8 al 18 de marzo. En el marco de HeforShe, las campañas “Sin Mascaras Sin Violencia” y “Sin Excusas, Sin Violencia” han formado parte del Carnaval y las entradas folklóricas más importantes del país durante los últimos tres años. En coordinación con el Ministerio de Culturas, la Fundación VIVA, la policía boliviana y otras 16 instituciones se consolidó la Plataforma Interinstitucional “Vida libre de violencia” que despliega iniciativas de prevención a nivel nacional.

 

COORDINACION INTERAGENCIAL

ONU Mujeres coordina con las Agencias del Sistema de Naciones Unidas a través del equipo país (UNCT) y a través de los grupos de resultados del UNDAF, promoviendo y contribuyendo a la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y particularmente del Objetivo 5 de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.

El Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para Vivir Bien 2018-2022, constituye la principal herramienta del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia para la implementación de la reforma de Naciones Unidas.

En 2017, en coordinación con las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, ONU Mujeres fue parte del proceso de elaboración del nuevo UNDAF logrando que el mismo contemple un resultado específico de igualdad de género y generacional y de empoderamiento de las mujeres, el resultado 4.2, además de la transversalización de la igualdad de género en todos los resultados y en la mayoría de los indicadores de este plan estratégico conjunto.

ONU Mujeres lidera el Grupo de Resultados 4.2. en coordinación con UNICEF, UNFPA y la Oficina del Coordinador Residente (OCR) cuyo propósito es implementar y monitorear el resultado 4.2 del UNDAF.  El Grupo involucra a 13 de las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia.

En 2018, se inició la implementación de una Estrategia Coordinada de Género cuyo objetivo es el de optimizar los resultados y el impacto, así como actividades conjuntas eficaces, eficientes y sostenibles para la igualdad de género y los derechos de las mujeres, niños y adolescentes, articulados en el UNDAF 2018-2022. Es una iniciativa de la Embajada de Suecia en Bolivia para fomentar y apoyar los mecanismos de coordinación de la ONU en el marco de la Reforma del SNU y su compromiso de no dejar a nadie atrás. La Estrategia Coordinada de Género forma parte del plan integral del Grupo 4.2.

 

GRUPOS DE RESULTADOS
1 Equipo País (UNCT)
2 Grupo de Igualdad (4.2)
3 Grupo de Interculturalidad
4 Grupo de Justicia
5 Grupo de Desarrollo Integral y Economía Plural
6 Grupo de Operaciones (OMT)
7 Grupo de Comunicadores
8 Mesa de género del Grupo de Donantes Estratégicos (GRUS) – Comité Interagencial de Género (CIAG)

 

PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS

LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

  • Bolivia es el tercer país en el mundo, después de Ruanda y Cuba, en haber alcanzado la paridad en los ámbitos legislativos nacionales y locales.
  • La representación de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional (Cámara de Diputados) alcanza el 51% y en la Cámara de Senadores alcanza el 44% para la legislatura 2015-2020. El 45% de las Asambleístas Departamentales titulares son mujeres. Se cuenta con un 8% de alcaldesas y un 51% de concejalas en los 339 municipios del país. Sin embargo, no existe ninguna gobernadora en los nueve departamentos del país.
  • Según las últimas elecciones judiciales de 2017, solo el 38% de mujeres ocupan espacios de decisión dentro del Órgano Judicial.
  • Desde el año 2016 a mayo de 2018, la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) ha registrado un total de 165 casos de acoso y violencia política.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES

  • En Bolivia las mujeres dedican 4 veces más tiempo al trabajo doméstico que los hombres y pasan casi 38 horas semanales en actividades en el mercado laboral frente a 47 horas de los hombres.
  • 7 de cada 10 mujeres bolivianas generan ingresos en el mercado informal en condiciones precarias de trabajo. Solo el 8% de las mujeres empleadas tienen un empleo de calidad.
  • Las mujeres en edad de trabajar, dentro de la población económicamente activa, representan el 42% (2012), mientras que hace 40 años representaban el 20%.
  • El 84% de las empresas de mujeres son microempresas con menos de 5 empleados/empleadas.
  • El 35% de los hogares bolivianos monoparentales está a cargo de una mujer.

PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS

  • En Bolivia, la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia (2016) revela que 7,5 de cada 10 mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia psicológica, económica, física o sexual en algún momento de su vida. Uno de los departamentos con el mayor índice de violencia (86,4%) es La Paz que alberga a la ciudad de El Alto, en este departamento, el 66% de las mujeres afirma haber sufrido violencia sexual.
  • En el periodo 2015 al primer trimestre de 2018, el Informe Defensorial (2018) reporta 386 feminicidios y una tasa de 2,16 feminicidios por cada 100.000 mujeres.
  • En 2018 se registraron 128 casos de feminicidio y en el primer trimestre del 2019 se han registrado 22 casos. Según la Fiscalía General del Estado cada dos días y medio hay un feminicidio en el país.
  • Desde la aprobación de la Ley 348 hasta marzo del 2018[8] las denuncias de violencia se han incrementado en un 31%, siendo la violencia intrafamiliar el delito más denunciado en el país (83%). A pesar de ser el delito más denunciado, desde la promulgación de la Ley solamente el 1,13% de los casos han tenido sentencia condenatoria.

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1: Nota Estratégica 2018-2021

ANEXO 2: Annual Work Plan 2019

ANEXO 3: Informe Anual 2018

ANEXO 4: Memoria Institucional 2018 – borrador en revisión

ANEXO 5: Resumen de Movilización de Recursos

ANEXO 6: Lista de Contrapartes por Área Programática

ANEXO 7: Organigrama

ANEXO 8: Reforma del Sistema de Naciones Unidas

ANEXO 9: UNDAF 2018-2022

ANEXO 10: Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia

ANEXO 11: Presupuesto – en elaboración

 

 

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