ONU Mujeres – Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres

ONU Mujeres es la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Fue creada en julio de 2010 por los estados miembros ONU, un paso histórico para acelerar los objetivos de igualdad, empoderamiento y ejercicio pleno de derechos de las mujeres en el mundo.

CONTEXTO PAÍS

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una población de 10.059.856 habitantes: 49.9% hombres y el 50.1% mujeres. Según los resultados del último Censo de Población del 2012, del total de habitantes, 3.8 millones son niñas, niños y adolescentes (NNA), quienes representan el 38% de la población, evidenciando que Bolivia continúa siendo uno de los países más jóvenes de América Latina.

En la última década, el país atravesó grandes cambios económicos, políticos y sociales. A nivel económico, entre 2006 y 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) boliviano creció una tasa de 5,04% en promedio, llegando a 4,85% en 2015 y a 4,3% en 2016; todo ello en un contexto internacional favorable y debido a un prudente manejo macroeconómico. En 2016, el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita alcanzó a 3.150 dólares, situando a Bolivia como un país de ingresos medios bajos.

Desde la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) en 2009, se han producido importantes avances en el reconocimiento de derechos de poblaciones históricamente discriminadas, principalmente mujeres y pueblos indígenas originarios campesinos, quienes están distribuidos en los nueve departamentos del país, tanto en áreas rurales como en centros urbanos y cuyas lenguas, manifestaciones culturales y derechos ya están reconocidos y garantizados.

Bolivia se define como un Estado autonómico y plurinacional, reconoce cuatro tipos de autonomías: indígenas originarios campesinas, regionales, departamentales y municipales. A la fecha, el país ha logrado alcanzar importantes avances en la consolidación de las autonomías indígenas como los de: Mojocoya, Tarabuco, Charazani y los territorios indígenas de Raqaypampa, Charagua, Totora Marka, Chipaya, Pampa Aullagas y Jesús de Machaca lo que marca un hecho importante en la Región.

En Bolivia la pobreza se concibe en tres dimensiones: material, social y espiritual. En materia social, entre 2006 y 2015, la pobreza extrema se redujo en más de 20 puntos porcentuales (de 38% a 16,8%), mientras la pobreza moderada se redujo en poco más de 21%, lo que implicó una disminución en términos absolutos de aproximadamente 1,4 millones de pobres a nivel nacional.

Sin embargo, aún quedan desafíos pendientes hacia la erradicación de la pobreza y las desigualdades, las cuales están vinculadas a garantizar que la población que salió de esta situación tenga acceso continuo al trabajo formal, acceso a servicios básicos, a la promoción de políticas vinculadas a la economía del cuidado y a la mejorara de las condiciones de la migración rural – urbana, entre otros.

SITUACIÓN DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO.

De igual manera con la CPE y gracias al trabajo de incidencia de las organizaciones de las mujeres, se ha logrado incorporar y reconocer la igualdad de género como uno de los pilares de desarrollo, reconociendo de esta manera la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y sancionando toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, embarazo, entre otros, priorizado de esta manera los valores de igualdad, inclusión, complementariedad, igualdad de oportunidades, equidad social y de género.

Es así, que desde el año 2009, se promulgaron diversos instrumentos legales para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género. El 2010 se aprobaron la Ley del Órgano Electoral, Ley del Órgano Judicial, Ley de Régimen Electoral, Ley del Tribunal Constitucional, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ley de Deslinde Jurisdiccional, Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Y entre 2012 y 2013 se aprobaron 5 leyes priorizadas por la Articulación de Mujeres, en las que se logró incluir importantes elementos para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres, entre ellas: Ley de Ministerio Público, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Acoso y Violencia Política contra las Mujeres, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, y la Ley Integral para garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia.

Pese a todos estos avances normativos, Bolivia debe asumir el reto de implementar adecuadamente las leyes, situación que depende de la voluntad política, coordinación interinstitucional y la asignación de presupuestos sensibles a género en todos los ámbitos del Estado.

ONU MUJERES EN BOLIVIA

ONU Mujeres tiene presencia en Bolivia desde el año 2005, inicialmente bajo el programa de UNIFEM y desde el año 2011 como Oficina País de ONU Mujeres trabajando en tres mandatos: (i) normativo, brindando asistencia técnica y apoyo en la aplicación de marcos legales y políticas a los 4 Órganos del Estado, gobiernos departamentales y gobiernos municipales; (ii) programático, enmarcado en los proyectos y programas de la oficina país y; (iii) de coordinación y alianzas estratégicas, cooperando al desarrollo de capacidades de los actores gubernamentales y del Sistema de las Naciones Unidas como garantes de los derechos de las mujeres.

Adicionalmente, bajo el principio de “no dejar a nadie atrás” y en concordancia con el marco de empoderamiento e inclusión, priorizado en las políticas de desarrollo actuales, los cambios buscados requieren acciones específicas dirigidas a grupos de mujeres con mayor exclusión, desventajas y vulnerabilidad, como las mujeres indígenas y rurales.

En consecuencia, el Plan Estratégico 2018 – 2021 diseñado por ONU Mujeres es resultado de un proceso de trabajo participativo con organizaciones de mujeres, instancias estatales y agencias del Sistema de Naciones Unidas. Éste hace un análisis exhaustivo del estado de situación del ejercicio de los derechos de las mujeres, identifica sus necesidades y las prioriza en las siguientes áreas de trabajo:

LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

§ Bolivia es el segundo país en el mundo, después de Ruanda, y el primero en la Región, en haber alcanzado la paridad en los ámbitos legislativos nacionales y locales.

§ La representación de las mujeres en las Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Diputados alcanza al 49% para la legislatura 2015-2020

§ La representación de las mujeres Cámara de Senadores alcanza al 44% para la legislatura 2015-2020

§ No existe ninguna gobernadora y sólo se cuenta con un 8% de alcaldesas en los 339 municipios del país.

§ 45% de las Asambleístas Departamentales titulares en las nueve Gobernaciones del país, son mujeres para el periodo 2015-202

Durante los últimos años, Bolivia ha progresado significativamente en el ámbito de los derechos políticos de las mujeres y ha dado respuesta a los compromisos internacionales adquiridos, incluyendo avances hacia la profundización del concepto de democracia paritaria, que implica impulsar mecanismos de poder de decisión en la institucionalidad pública, con el compromiso de pensar, y dialogar sobre el diseño y ejecución de políticas que efectivicen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Este avance ha sido posible gracias a la fuerte movilización de organizaciones de mujeres en plataformas y redes para la incidencia y seguimiento a la implementación de leyes rectoras como Ley de Acoso y Violencia Política y su reglamento.

Sin embargo, a pesar de estos progresos aún persisten barreras para el pleno cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres. Las condiciones de desigualdad, la violencia política y la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado en el hogar, generan que las mujeres participen de formas menos sostenidas y sistemáticas en la política y en el liderazgo.

ONU Mujeres en Bolivia, con el apoyo de la Sede a través del Fondo de Mujeres en la Política (WiPF), busca alentar el diálogo entre actores clave, promover cambios culturales dentro de los partidos políticos, informar a la opinión pública acerca de los derechos políticos de las mujeres, así como promover sistemas de rendición de cuentas y seguimiento a los derechos político-electorales de las mujeres.

En los últimos años se ha brindado asistencia técnica y financiera para la consolidación del Observatorio de Paridad Democrática del Tribunal Supremo Electoral, cuya institucionalización está dirigida a fortalecer las estadísticas y registro de casos de violencia y acoso político, así como garantizar los derechos políticos de las mujeres y la paridad democrática. En ese marco, actualmente está en revisión la propuesta de la Ley de Organizaciones Políticas, dirigida a garantizar la paridad y alternancia al interior de las organizaciones político-partidarias.

Así mismo, se da asistencia técnica para el diseño de marcos normativos, construcción de herramientas e implementación de políticas orientadas a la justicia fiscal en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social y la nueva metodología del Sistema de Planificación Integral y el Pacto Fiscal para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

Finalmente ONU MUJERES en Bolivia apoya a la incorporación del enfoque de género en los Planes de Desarrollo Territorial (PTDIs) que son elaborados a nivel de las gobernaciones y gobiernos autónomos municipales del país. Este proceso se constituye en una oportunidad para la generación de mecanismos, propuestas y políticas de igualdad de género desde todos los niveles.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES

· En Bolivia las mujeres dedican 4 veces más tiempo a los quehaceres de la casa que los hombres y aun así pasan casi 38 horas semanales en actividades en el mercado laboral frente a 47 horas de los hombres.

· 7 de cada 10 mujeres bolivianas generan ingresos en el mercado informal en condiciones precarias de trabajo y continúan asumiendo gran parte del trabajo de cuidado no remunerado.

· La brecha salarial entre hombre y mujeres se amplió casi 7 veces en el sector privado en los últimos 7 años.

En Bolivia los derechos económicos no han alcanzado un progreso relevante y aún el rol económico y productivo de las mujeres se encuentra altamente invisibilizado y subvalorado.

A ello se suma la ausencia de estadísticas de género y la escasa disponibilidad de datos oficiales que reflejen la situación de las mujeres en la economía, especialmente en áreas rurales, lo que contribuye a esa falta de reconocimiento al aporte de las mujeres en la economía del país.

La inserción de la mujer boliviana en la economía está marcada por un alto nivel de vulnerabilidad e informalidad y una importante concentración en sectores de baja productividad. Si bien la participación laboral de la mujer boliviana es la más alta de la región (62%), frente al 51% que se registra en América Latina y el Caribe, 7 de cada 10 mujeres bolivianas generan ingresos en ocupaciones con estas características, mientras que éste es el caso para 4 de cada 10 hombres. Este dato sobre empleo vulnerable femenino se encuentra muy por encima del promedio de la región que es del 30.5% en el caso de las mujeres y el 32.8 % en el caso de los hombres, con implicaciones directas sobre la exclusión de las mujeres del acceso a la seguridad social.

Las relaciones de género y los roles históricamente asociados a los hombres y mujeres también impactan en el tema productivo, donde los problemas descritos están estrechamente vinculados con la problemática de la dimensión “privada” del trabajo: el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado no remunerados. Estas tareas, no valoradas social ni económicamente, recaen fundamentalmente sobre las mujeres y niñas, particularmente sobre las más pobres, sumiéndolas en un círculo vicioso de informalidad, precariedad laboral, y postergación de otros derechos. En promedio, las mujeres dedican 4 veces más tiempo a los quehaceres de la casa que los hombres y aun así pasan casi 38 horas semanales en actividades en el mercado laboral, frente a 47 horas de los hombres.

ONU Mujeres en Bolivia, con el apoyo de la cooperación Sueca e Italiana, pone especial énfasis en el desarrollo de programas innovadores para impulsar la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres. En este sentido se trabaja en la asistencia técnica para establecer marcos legales, políticas públicas y programas que promuevan el empleo productivo y el trabajo decente para las mujeres en las áreas urbanas y rurales.

A través de la coordinación con otras agencias del sistema (FAO, PMA y FIDA), los Gobiernos departamentales, municipales y organizaciones locales se promueve un mayor acceso de las mujeres, especialmente rurales e indígenas, a los recursos y activos productivos para el potenciamiento de su rol productivo y económico,

PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS

· En Bolivia el 2015 se registraron 30.176 casos de violencia contra las mujeres, de los cuales sólo el 0,7% llegaron a tener imputación formal.

· El 2017, el Ministerio Público registró 111 casos de feminicidio.

· 27 de cada 100 mujeres decide cuándo tomar anticonceptivos según la Encuesta de Prevalencia de Violencia, 2016.

· 34 de cada 100 mujeres justifican la violencia según la Encuesta de Prevalencia de Violencia, 2016.

· 9 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia psicológica a lo largo de sus vidas.

La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de derechos humanos extendida, arraigada, tolerada en el mundo y un obstáculo para el desarrollo. Es tanto causa como consecuencia de una desigualdad estructural entre hombres y mujeres y de la discriminación por razón de género.

En Bolivia la Encuesta de Prevalencia de Violencia 2016, revela que 7 de cada 10 mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia psicológica, económica, física o sexual en algún momento de su vida las mismas pueden derivar en el feminicidio, según la Fiscalía General cada tres días hay un feminicidio en el país.

En el país, un fenómeno que perpetúa la violencia es la naturalización de la misma ya que valida la impunidad no sólo legal e institucional, sino también la social. Así los resultados de la encuesta nos muestran que 3 de cada 10 mujeres justifican la violencia y que la toma de decisiones tiene niveles alarmantes: solamente 6 de cada diez decide cuándo comprarse cosas y 7,5% decide cuándo tener relaciones sexuales.

Según datos del Ministerio Público (2015), la violencia intrafamiliar es el segundo delito más denunciado y según la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), el 2016, recibió 46.668 denuncias. Estos datos revelan que existen vacíos y debilidades en el ámbito de la prevención, atención y sanción, en particular en la coordinación interinstitucional y las capacidades técnicas, en todas las instancias, sobretodo en la Fiscalía, el Instituto de Investigaciones Forenses, Jueces/as, así como en los servidores públicos en general.

Así, el programa de erradicación de violencia de ONU Mujeres está trabajando de manera articulada con el Ministerio de Justicia y la Dirección de lucha contra la violencia por razón de género y generacional para fortalecer las acciones de los actores de la cadena de atención a mujeres afectadas por violencia, de la misma manera se trabaja con el Comité de Género del Órgano Judicial para implementar la política de género y facilitar así el acceso de las mujeres al sistema de justicia. De esta manera se trabaja en: Prevención, atención, sanción, protección y reparación.

Además de la ejecución de las campañas HeForShe y UNETE que se constituyen en acciones de prevención contra la violencia a nivel nacional sumando actores de los diferentes sectores del Estado, de la sociedad civil y de la empresa privada, creando redes, plataformas y movilización de recursos.

MARCO NORMATIVO

ONU Mujeres trabaja para lograr la incorporación de la igualdad de género de forma transversal en la agenda nacional de desarrollo y en el Marco de Resultados del Sistema de Naciones Unidas.

Con este objetivo coordina con el Comité de la CEDAW y con todas las instancias relativas a los compromisos intergubernamentales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia y Foros Internacionales tales como la Plataforma de Acción de Beijing, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas- CSW, promoviendo que Bolivia participe, implemente las recomendaciones y reporte sobre los avances en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.

Es así que entre 2010 y 2017, ONU Mujeres ha contribuido a la transversalización de género en Leyes generales tales como la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Perez, la Ley de Régimen Electoral, La

Ley Marco de Autonomías, entre otras, así como la promulgación de Leyes específicas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, como son la “Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” y la “Ley contra el Acoso y la Violencia Política”, esta última pionera en América Latina y a nivel Global.

ONU Mujeres coordina con las Agencias hermanas de Naciones Unidas a través del equipo de País de Naciones Unidas – UNCT y a través de grupos de resultados del UNDAF, promoviendo y contribuyendo a la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y particularmente del Objetivo 5 que forma parte de los resultados del Marco de Asistencia para el Desarrollo de Naciones Unidas 2018-2022.

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