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COVID-19 y el Estado de Derecho

Alexandre Zouev, Junio 29, 2020.- La amenaza sin precedente del COVID-19 ha causado un sufrimiento inimaginable alrededor del mundo. Este año también desencadenó una discusión necesaria sobre el rol de las fuerzas del orden público en las sociedades. Aunque la pandemia es en primer lugar una crisis de salud pública, hay retos relacionados que son relevantes para contenerla y para promover una recuperación rápida y sostenible. La lucha por defender el estado de derecho y el rol de las fuerzas del orden público en las sociedades hacen parte de ellos.

Donde los gobiernos han respondido a la pandemia con un rol ampliado y fuerte presencia policial y de otros actores de seguridad, han surgido retos, incluyendo percepciones de sesgo, uso desproporcionado de la fuerza, y otros asuntos relacionados con derechos humanos. También hay un riesgo de que algunos estados pueden estar utilizando poderes de emergencia para consolidad su autoridad ejecutiva a expensas del estado de derecho, reprimiendo a la oposición y debilitando a las instituciones democráticas, especialmente donde las cortes y otros órganos de supervisión luchan por funcionar dadas las restricciones del COVID.

Algunos países han visto un fuerte incremento en arrestos. Esto va en contra de la necesidad de descongestionar las prisiones, las cuales han sufrido tasas de infección desproporcionadamente altas, tanto entre reclusos como en el personal, propagándose a comunidades aledañas y potencialmente desencadenando violencia.

La distribución de ayuda de emergencia, suministros médicos y estímulos económicos para contrarrestar los efectos de la pandemia, aunque necesarios, también proveen una amplia oportunidad para la corrupción y el fraude. Sin instituciones efectivas que aseguren la transparencia, responsabilidad y supervisión, mucha de ella no alcanzara a los beneficiarios destinados, profundizando la crisis social, médica y económica, y comprometiendo y demorando la recuperación.

La pandemia también crea oportunidades para los grupos armados, incluyendo organizaciones terroristas, para desacreditar instituciones estatales, explotar brechas en servicios públicos y aprovechar la indignación publica, por ejemplo, dado el cierre de lugares de adoración. Mientras ciertos miembros del personal de seguridad enfrentan capacidad operacional reducida dada su inevitable exposición al virus y sus nuevas responsabilidades concurrentes, algunos grupos armados están consolidando y extendiendo control sobre el territorio.

Estos retos pueden debilitar severamente la legitimidad de los gobiernos, la cual es crítica para la mitigación efectiva y estrategias de contingencia durante las crisis de salud pública, como se observó en algunos países cuando combatieron el brote de Ébola del 2018/2019.  Por lo tanto, es en el interés de los gobiernos asegurar que las restricciones de emergencia de los derechos sean necesarias, proporcionales, legales, y de duración limitada.

Las Naciones Unidas ha reaccionado rápidamente para proveer asistencia inmediata al estado de derecho nacional e instituciones de seguridad en varios países, incluyendo la República Democrática del Congo. El personal de Mantenimiento de la Paz ha sido activo en distribuir suministros médicos de emergencia en Darfur y Mali, incluyendo a excombatientes, ayudando a crear confianza entre facciones beligerantes. Junto con terceros, también hemos desarrollado herramientas prácticas para mitigar la propagación del COVID-19 en las prisiones, orientación para descongestionar prisiones, y un manual para tener audiencias judiciales virtuales. Estos esfuerzos deben ser sostenidos y desarrollados mientras el COVID-19 sigue propagándose.

Cuando la pandemia decaiga, los gobiernos deberán realizar exámenes a-posteriori, incluyendo del desempeño bajo poderes de emergencia, para informar futuras prácticas y reformar donde sea apropiado. El apoyo de la ONU, basado en décadas de mejores prácticas, puede ser útil en este aspecto, particularmente en los sectores policiales.

En el largo plazo, la pandemia – como cualquier crisis – también puede ofrecer oportunidades para hacer cambios necesarios a los sistemas legales y prácticas de las fuerzas del orden público.

En el sector de justica criminal, por ejemplo, debemos analizar el impacto de las prácticas desarrolladas en respuesta a la pandemia en presupuestos estatales, comunidades y prospectos de rehabilitación con miras a su institucionalización.  Esto debe incluir la potencial liberación de prisioneros no violentos, ajustando estrategias de arresto y juicio y sentencias sin reclusión. También debe incluir archivos electrónicos y audiencias judiciales virtuales dentro de lo posible. Aunque presentan retos para algunos derechos a un juicio justo, estas prácticas pueden hacer más accesibles y eficientes a los sistemas judiciales. A medida que la división digital se reduce, pueden fomentar el acceso a la justicia en áreas remotas, incrementar la representación legal y la participación de testigos, eliminar atrasos y reducir la detención preventiva.

Mientras los líderes mundiales discuten la acción conjunta para contener y superar la pandemia, es esencial que la necesidad de evitar el daño permanente a los principios de estado de derecho y las libertades fundamentales sean tomados en consideración.

Esto ayudará a evitar agravar tensiones sociales, quejas, y causas subyacentes del conflicto. Prevenir el conflicto es quizá un imperativo ahora más que nunca, mientras los prospectos para la inversión a gran escala en manejo de conflictos y recuperación postconflicto son víctimas de escasos recursos.

Alexandre Zouev es el Secretario General Adjunto para el Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad

 

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