Katherine Grigsby: “La ONU espera que el TSE garantice la transparencia”

Carlos Morales Peña  – El DEBER

La representante de las Naciones Unidas en Bolivia demandó transparencia para garantizar unas elecciones generales confiables para los bolivianos, para lo cual reclamó al Tribunal Supremo Electoral que vele por el correcto funcionamiento de las instituciones electorales y garantice el derecho al voto en condiciones de igualdad y libertad. Remarcó que el país vive una polarización política y, pese a los avances, hay varios asuntos por resolver. 

 Bolivia está en un proceso electoral para la elección de autoridades nacionales y legislativas el 12 de octubre.

¿Cómo observa a la democracia boliviana y cuáles cree que son los déficits que se pueden tratar en la campaña electoral?

Todo indica que las elecciones se desarrollarán en un clima de paz y tranquilidad, a pesar de la polarización política que vive Bolivia. Naciones Unidas está a favor de que las elecciones se den en un marco de legitimidad de todos los actores que concurren. Por ello es tan importante el intercambio de ideas y el diálogo que permitan conocer más a fondo las propuestas de los candidatos y contrastar las opciones políticas que se presentan en las elecciones.

En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, pues ejercen una influencia importante sobre la ciudadanía proporcionando la información necesaria y dando a conocer las opciones políticas para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en forma libre y razonada. Es también importante el papel regulador que debe cumplir el TSE para velar por el correcto funcionamiento del sistema democrático, lo cual implica garantizar el ejercicio del derecho al voto en condiciones de libertad e igualdad y para ello los ciudadanos han de poder acceder a una información veraz y objetiva que respete la diversidad y el pluralismo político. La transparencia es esencial en el proceso.

 ¿Cómo ve al país tras ocho años de Gobierno del presidente Evo Morales? 

Al igual que otros países de la región, Bolivia se ha beneficiado durante estos años de los excelentes precios de las materias primas en los mercados internacionales. Las ventas al exterior generadas por la extracción de hidrocarburos, minerales y la industria manufacturera han sido determinantes en el crecimiento económico del país. Esa situación de bonanza internacional para los países productores ha permitido desarrollar políticas sociales en beneficio de amplios sectores de la población. Bolivia, gracias a la estabilidad política y a una mejor redistribución de la riqueza, junto a políticas de asistencia social de parte del Gobierno, experimentó un crecimiento y progreso social importantes, lo que ha dado lugar a un ascenso socioeconómico notorio y a cambios en la estructura de su población. Sin embargo, el crecimiento económico no siempre se traduce en bienestar o en mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, de la misma forma que el PIB no necesariamente es el mejor indicador para medir el bienestar humano y el progreso social, aun cuando sigue teniendo un papel central en las evaluaciones de “éxito” de los países.

 Se observa una reducción de la extrema pobreza y una ampliación de los sectores de clase media, en particular, a través de políticas sociales que incluyen bonos y seguros de salud universales. ¿Son suficientes estas medidas? 

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su visita al país en junio, expresó confianza en el desarrollo de Bolivia, teniendo en cuenta sus buenos resultados en crecimiento, inversión extranjera, reducción de la pobreza y desigualdad social. Sin embargo, este panorama alentador no está garantizado. De acuerdo con el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2014 publicado por la Cepal, hay una desaceleración económica, y si bien el estudio proyecta que Bolivia estará entre los países de la región a la cabeza del crecimiento con un 5,5%, el nuevo contexto externo plantea desafíos para la sostenibilidad económica y social del crecimiento económico y del desarrollo. De acuerdo con la Cepal, para Bolivia, al igual que para el resto de la región, aumentar la inversión y la productividad para garantizar un cambio estructural con igualdad son  retos clave.

 ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Bolivia a la luz de los análisis realizados por Naciones Unidas?

Me quisiera referir al último Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, que se presentó en marzo de este año. Según el informe, Bolivia ha hecho avances importantes en cuanto al goce de los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual se refleja en la disminución de la pobreza y la extrema pobreza.

Por otra parte, el informe también da cuenta de que los avances procesales son insuficientes y lentos en los casos que se siguen, como los hechos violentos racistas de mayo de 2008 en Sucre, la masacre de El Porvenir, el caso Chaparina, los hechos trágicos de octubre de 2003 y el caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz. Menciona también que un tema pendiente importante es el relacionado con la protección plena de los derechos de los pueblos indígenas, si bien ha sido muy significativa la elaboración concertada del anteproyecto de ley de consulta previa, libre e informada. Asociado a ello, se destaca que Bolivia impulsa medidas para combatir el racismo y otras formas de discriminación, pero que se debe avanzar más en la implementación integral de la política creada para tal fin.

Un hecho que resulta alentador es la aprobación de la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, con lo cual se ha dado un paso importante en la lucha por la eliminación de la violencia de género, que desafortunadamente sigue en aumento. La reciente escalada de feminicidios es una muestra clara del preocupante aumento de la violencia contra la mujer. Ello indica que es impostergable la implementación plena de la ley, para lo cual el mejoramiento de la administración de la justicia, la capacitación de la Policía y de los operadores de justicia en la perspectiva de género, la puesta en marcha de políticas públicas y programas para abordar la violencia y la discriminación contra las mujeres y la adecuada asignación de recursos, entre otros, son tareas urgentes del Estado.

 Se observa un incremento considerable de la delincuencia internacional y la inseguridad. ¿Cómo ve esta situación?

El crimen organizado internacional se ha convertido en una amenaza para América Latina, pues vulnera no solo la seguridad de cada país, sino representa también un peligro para la seguridad ciudadana, que toca a cada miembro de la sociedad, en temas de microtráfico, secuestro, extorsión y otros. Bolivia, al igual que otros países, es vulnerable al crimen organizado. Se encuentra geográficamente al medio y es considerado un país de producción, tráfico y tránsito de narcotráfico, lo que ha aumentado los niveles de violencia y delincuencia. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el primer semestre de 2014 se encontraron 3.033 fábricas de cocaína y pasta base; 37 laboratorios de cristalización y 27 laboratorios de reciclaje. Se incautaron 11 toneladas de pasta base de cocaína; 1,8 toneladas de clorhidrato de cocaína; seis toneladas de marihuana, y se han efectuado 1.757 arrestos. Son cifras que reflejan una actividad delincuencial intensa.

Si bien Bolivia está desarrollando políticas y acciones importantes en cuanto a las drogas y el delito, la Unodc recomienda que Bolivia refuerce las instituciones responsables de la lucha contra el narcotráfico como la Felcn y la Fiscalía principalmente, y que también promueva la actualización o adecuación de la norma existente. Otro de los grandes desafíos es el fortalecimiento de su capacidad para prevenir el incremento de delitos relacionados con el narcotráfico, como la trata y tráfico de personas, tráfico de armas, secuestros, extorsión, estafa, robos, asesinatos, agresiones sexuales, corrupción, lavado de activos y otros, trabajando de manera conjunta y coordinada con los países de la región para prevenir el aumento de la delincuencia y la inseguridad. Esto puede lograrse a través de convenios y programas regionales, en los que el Sistema de Naciones Unidas puede colaborar.